Por: Coalición climática
En el camino hacia la sostenibilidad y la justicia ambiental en Colombia, la sentencia del Consejo de Estado, emitida el 18 de octubre de 2023, marcó un punto de inflexión histórico. Este fallo obliga al Estado a desarrollar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático que sean contundentes y que permitan reconocer los impactos climáticos de la cadena productiva del carbón. Las órdenes del Consejo de Estado obligan al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a adoptar acciones concretas para regular instrumentos normativos como el Reporte Obligatorio de Emisiones de Gases Efecto Invernadero (ROE) o a expedir y actualizar los instrumentos de gestión y control ambiental. En este contexto, el sector minero-energético es señalado como un actor clave, dadas sus contribuciones desproporcionadas al cambio climático.
Como parte del seguimiento a esta sentencia, el 5 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (Entidad judicial que debe hacer seguimiento a la sentencia) emitió un auto en el que estableció que el plazo para el cumplimiento de las medidas ordenadas vencía el 23 de octubre de 2024. Sin embargo, ante la ausencia de informes de avance por parte de la entidad demandada, se requirió a la Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible presentar información detallada sobre el estado de cumplimiento de los mandatos establecidos en las Leyes 1931 de 2018 y 2169 de 2021.
Ilustración 1. Estado de seguimiento
El Rol de la Coalición Climática
En respuesta a esta problemática, la Coalición Climática surge como una plataforma esencial para articular a diferentes actores en torno a un objetivo común: cerrar el preocupante vacío regulatorio en la gestión de los impactos climáticos del sector carbonífero. Este vacío no solo representa un desafío técnico, sino también una amenaza significativa para los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental.
La Coalición, integrada por organizaciones de la sociedad civil, la academia y el sector privado, ha adoptado un enfoque integral, con base en las necesidades nacionales y territoriales que prioriza tanto la reducción de emisiones, como la protección de los derechos de las poblaciones más vulnerables. Estas comunidades, a menudo las menos responsables de las emisiones globales, soportan el mayor peso de los impactos ambientales y sociales derivados de la crisis climática.
A través de un seguimiento riguroso, la Coalición Climática ha impulsado avances en el desarrollo legal y técnico de la sentencia, fortaleciendo los procesos de cumplimiento y promoviendo soluciones inclusivas que respondan a las necesidades del país, obteniendo resultados como participar y comentar en las diversas convocatorias públicas para estructurar normativas asociadas a la creación de la Metodología de Evaluación de Estudios Ambientales, la resolución sobre los Programas de Gestión del Cambio Climático a nivel territorial, o para advertir de forma pública sobre los impactos asociados en materia de derechos humanos de la propuesta de regulación del Programa Nacional de Cupos Transables de Emisión. Igualmente, se preparó un Concepto técnico legal enfocado en evidenciar las metodologías para el verdadero cumplimiento de la sentencia y sus órdenes.
Pasos Concretos Hacia el Cambio
El documento presentado al Ministerio de Medio Ambiente es solo el primer paso. Los próximos meses serán decisivos para garantizar que se traduzca en políticas públicas efectivas. Algunas de las acciones prioritarias incluyen:
- Actualizar el marco regulatorio para incluir indicadores claros de mitigación y adaptación.
- Incorporar criterios climáticos en la evaluación de impactos ambientales, con especial énfasis en los impactos acumulativos y sinérgicos.
- Fortalecer las capacidades institucionales para monitorear y controlar las emisiones del sector minero-energético.
- Dinamizar los espacios de participación ciudadana, asegurando que las voces de las comunidades sean escuchadas e incluidas en las decisiones.
Proyectos en Territorio: El Ejemplo del Hub Ambiental del Caribe
Iniciativas como el Hub Ambiental del Caribe representan ejemplos concretos de cómo dinamizar la acción climática desde los territorios. Este proyecto, desarrollado en alianza con la academia, las corporaciones autónomas, el sector productivo y las comunidades locales, demuestra que es posible avanzar hacia una gestión climática inclusiva y eficiente.
El Hub Ambiental del Caribe no solo genera datos relevantes, sino que también fomenta la participación comunitaria y la ciencia ciudadana. A través de su enfoque de innovación colaborativa, ha permitido a las comunidades participar activamente en la definición de políticas ambientales y climáticas, fortaleciendo así la gobernanza local.
Un Llamado a la Justicia Climática
El cambio climático es mucho más que un desafío ambiental: es una cuestión de justicia. Las comunidades más afectadas son aquellas con menor capacidad de adaptación, lo que refuerza la urgencia de actuar con equidad y responsabilidad. Las decisiones que tomemos hoy definirán el bienestar de las generaciones futuras, así como el equilibrio ambiental de nuestros territorios.
La Coalición Climática es una invitación a la acción colectiva, de allí la importancia de unir esfuerzos para construir un futuro donde la justicia climática sea una realidad tangible. En este propósito, la colaboración entre sectores y el compromiso ciudadano son esenciales.
Desde la coalición extendemos nuestra invitación a todas las personas, organizaciones y comunidades que comparten esta visión. Juntos, podemos transformar el presente y asegurar un mañana sostenible y justo para Colombia y el mundo.
